Denuncias por corrupción contra Pedro Castillo, detenciones y allanamientos a congresistas agravan la crisis política en Perú
A pesar de subir el volumen en su defensa en esta última cruzada y denunciar un golpe de Estado, ni Pedro Castillo ni sus grupos de apoyo han hecho convocatorias públicas de manifestaciones a su favor, por ende, la conflictividad no se ha trasladado a las calles. El presidente proviene de organizaciones sindicales y campesinas a las que podría interpelar, aunque aún no lo ha hecho, limitándose a denunciar las acciones opositoras.
Además, desde hace meses perdió el apoyo de su partido, Perú Libre, que era la primera bancada legislativa. Esto último termina siendo más peligroso para su mantenimiento como presidente, porque básicamente no parece tener fuerzas sociales que puedan soportar su acosado gobierno y que permitan un equilibrio que obligue a las oligarquías limeñas y sus medios a respetar el mandato popular.
Por lo pronto, el presidente confía en sobrevivir a esta nueva coyuntura sin animar el conflicto.
¿Ahora sí?
A Castillo no le permitieron ni un día de ‘luna de miel’, como se llama en el argot político a los lapsos de «cese al fuego» que se producen luego de la instalación de un nuevo presidente. Y, como dijimos, ya ha soportado varios intentos de derrocamiento legislativo a los que han sucumbido otros presidentes. Así que alguna fortaleza tendrá.
La actual situación es la de un gobierno que luce atado para desarrollar su gestión y una oposición concentrada en derrocar al presidente y exigir constantemente su renuncia.
La nueva situación generada esta semana introduce el protagonismo de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la denuncia oficial contra Castillo ante el Congreso. Esto podría indicar que hay nuevos actores y corrientes coadyuvando a lo que, desde antes del día 1, comenzaron a exigir los conservadores y fujimoristas: quitarle la silla al presidente electo y constitucional.
Se suma, a la nueva actuación de la Fiscalía, que el objeto de la judicialización ya no es solo el presidente y su círculo, sino que han allanado también a seis diputados del partido Acción Popular, un partido centrista cuyos curules siguen impidiendo la vacancia demandada por la derecha.
La implementación de persecución judicial sobre diputados también busca cambiar la correlación de fuerzas que han impedido la moción de vacancia a lo interno del Congreso.
Por todo ello, puede pensarse que el Gobierno de Castillo podría estar más débil que las veces anteriores. La actual situación es la de un gobierno que luce atado para desarrollar su gestión y una oposición concentrada en derrocar al presidente y exigir constantemente su renuncia.
En fin, un juego que está deslegitimando cada vez más a la institucionalidad peruana y que convoca, entre líneas, una salida más radical en medio del empastelamiento político general.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
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